El caso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear regulación específica a fin de que estos sectores reporten efectivamente casos sospechosos.
Si bien ya está vigente la norma que obliga a abogados y contadores a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, en la práctica aún no se aplica.
Así lo reconoció Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien refirió que hay mucho por avanzar en la incorporación real de estos sectores en el sistema de prevención del país.
En el 2016, a través de un decreto supremo se incluyó a estos profesionales en la lista de sujetos obligados a reportar a la UIF.
Un reglamento emitido por laSBS en marzo del 2018 terminó de delimitar las actividades sobre las que recae esa obligación.
Así, abogados o contadores que se dediquen, a su nombre o por cuenta de un tercero, a la compraventa de bienes inmuebles y acciones, a la administración de dinero, valores y cuentas del sistema financiero, deben implementar un sistema de prevención contra el blanqueo de dinero.
Asimismo, cuando realicen la organización de aportaciones para la creación, operación o administración de empresas, y cuando realicen la creación y estructuración de compañías, explicó el jefe de la UIF en el Foro Perú Rumbo a la OCDE, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). A la fecha, 24 de estudios de abogados se han registrado ante la UIF y 18 de ellos tienen un oficial de cumplimiento (responsable del sistema de prevención antilavado) aprobado, detalló Espinosa. Refirió que la UIF está tratando de coordinar con las directivas del Colegio de Abogados y del Colegio de Contadores para dar un contenido efectivo a la norma vigente.
Tales reglamentos contendrían una norma más especifica, estimó. Asimismo, consideró que se necesita un trabajo de concientización en esos gremios de profesionales.
En el combate contra la delincuencia, la corrupción y el crimen organizado, el Estado requiere la ayuda de la sociedad civil, y de la empresa privada.
