DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA AL INPE RESOLVER PROBLEMA DE DESABASTECIMIENTO CONTINÚO DE AGUA POTABLE EN PENAL DE PIURA.

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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura solicitó al director del Establecimiento Penitenciario de Piura y al director de la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que realicen las gestiones necesarias para adquirir las dos nuevas electrobombas que se requieren a fin de evitar problemas de abastecimiento y distribución de agua en el penal.

En efecto, tras recibir la queja de familiares de los internos por la falta de agua, personal de la sede defensorial acudió al establecimiento; no obstante, se verificó la operatividad de dos electrobombas de 12 y 2 HP respectivamente, la primera de ellas es utilizada para impulsar el agua al reservorio, con la finalidad de distribuirla a todos los pabellones y la segunda electrobomba impulsa el agua a zonas como tópico, cocina y áreas administrativas.

También se conoció que la bomba de 12 HP estuvo inoperativa por el transcurso de 8 días, habiéndose reparado el sábado 25 de junio, produciendo nuevamente desperfectos mecánicos el día lunes 27, razón por la cual volvió a ser reparada e instalada el día martes 28 por la mañana.

Cabe indicar que, el personal defensorial ingresó aleatoriamente a algunas áreas del recinto penitenciario, como en el pabellón 4, rotonda y tópico, constatando que se contaba con el abastecimiento del agua, debido a que las electrobombas ya venían funcionando.

“La administración del penal nos ha informado que han requerido la compra de dos electro bombas a la Oficina Regional Norte del INPE para garantizar el servicio a los 3863 internos. Por eso, hemos solicitado que -con urgencia- se compren las dos bombas y así evitar futuros problemas de abastecimiento y distribución de agua”, precisó el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego.

Finalmente, la sede defensorial hará seguimiento a este caso a fin de que no se afecte el derecho a la salud, dignidad y al agua potable de las personas privadas de libertad, personal del INPE y efectivos de la Policía Nacional de Perú que brindan custodia en este recinto.

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