Concejo Municipal de Castilla aprobó el inicio de acciones legales contra exalcalde Luis Ramírez y sus funcionarios.

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Por unanimidad, el pleno de regidores aprobó el inicio de acciones legales civiles y penales contra el exalcalde Luis Ramírez Ramírez y tres de sus funcionarios por haber contratado personal que no cumplía con los requisitos mínimos legales y haber generado un gasto al Estado de las de 650 mil 324 soles.

Del mismo modo, se autorizó a la Procuraduría Pública Municipal, para que en uso de sus atribuciones conferidas por Ley inicie las acciones que corresponden.

Con fecha 12 de agosto del 2019, se creó una Comisión Especial de Investigación, con el fin de investigar presuntos actos ilícitos e infracciones administrativas que se habrían producido durante la gestión municipal 2015 – 2018.

Dentro de la investigación realizada, se encuentra como uno de los hallazgos lo que corresponde a la “Contratación Irregular de Personal (Hallazgo Nº01). Al respecto se advierte la existencia de 38 expedientes de pago, dejados en las diferentes áreas de la municipalidad, los mismos que no cumplen con los requisitos mínimos legales de acuerdo a las normas del sector público, para ser reconocidos como gastos en donde el monto que ha generado estas contrataciones asciende a la suma de S/.650,324.05 soles.

Así mismo, se aprecia la existencia de una serie de reposiciones laborales ordenadas por el órgano jurisdiccional producto de una indebida contratación de personal que se realizó durante la gestión 2015 – 2018, dirigida por el ex alcalde Ing. Luis Alberto Ramírez Ramírez y los ex funcionarios Wilbort Martín Zafra Reynoso, Gerente Municipal; Luis Antonio Arca Guerra, Gerente de Administración; y, Giovani Bruno Cabrera, Procuradora Pública Municipal.

Por ello, se iniciarán acciones para determinar los presuntos responsables que habrían incurrido en delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión agravada, malversación, cohecho pasivo propio, establecidos en el Código Penal, respecto a la contratación excesiva de personal sin respetar los dispositivos legales que regulan la contratación laboral y los instrumentos de gestión administrativa, generado un gasto al estado de S/.650,324.05 soles.

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