La Defensoría del Pueblo publicó la cuarta entrega de los “Mapas de la corrupción en el Perú” los cuales revelan que las personas requisitoriadas por delitos de corrupción a nivel nacional -en el periodo comprendido entre enero del 2017 y agosto del 2019- se ha visto incrementado en un 164% en lo que va del año.
En el 2017, se reportaron a 852 personas con orden de requisitoria por estar acusadas por delitos de corrupción, mientras que entre enero y agosto del 2019 se registraron 2 251. En 18 de las 34 sedes del Registro Nacional Judicial (RENAJU) el número de personas con orden de requisitoria por este mismo delito se incrementó en más del 100%. Lambayeque, Piura, Cañete, Callao y Huaura registraron el mayor incremento porcentual.
Cabe destacar que el delito de peculado constituye el delito de corrupción con mayor cantidad de requisitoriados, representando el 56% del total. Las sedes de Loreto, Puno, Lima, La Libertad y Amazonas concentraron el 39% de personas buscadas por este ilícito penal. Le sigue el delito de colusión con el 23%. Las sedes de Lima, Santa, Lambayeque, Áncash y Junín registraron el 51% de los requisitoriados por este delito.
Para la realización de los Mapas de la corrupción, la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado de la Defensoría del Pueblo ha empleado información proporcionada por el Registro Nacional Judicial (RENAJU) del Poder Judicial.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades competentes para tomar medidas en torno al notable incremento de personas requisitoriadas por delitos de corrupción registrado en lo que va del año. La evasión de la justicia de aquéllos que generan perjuicio al Estado y afectan las posibilidades de desarrollo debe merecer la evaluación del marco normativo vigente y los protocolos de coordinación interinstitucional para hacer frente a esta problemática.