El Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31083, que establece un régimen especial facultativo para la devolución de fondos administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Se eligió además como ponente de esta causa al magistrado José Luis Sardón de Taboada, informa el TC en sus redes sociales.
Luego de admitirse la demanda y designar al magistrado ponente, corresponderá notificar al Congreso de la República, en su condición de demandado, para que presente sus descargos a la demanda en un plazo de hasta 30 días calendario.
Sobre este tema, Mirtha Vásquez, titular del Congreso, sostuvo que la demanda se responderá lo antes posible. Explicó que el procedimiento ante la demanda de constitucionalidad presentada por el Ejecutivo es que se admita y se corra traslado al Congreso.
Ayer, la procuraduría en materia constitucional del Ministerio de Justicia presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31083, que establece un régimen especial facultativo para la devolución de fondos a los aportantes activos e inactivos sujetos al Decreto Ley 19990 administrados por la ONP.
La demanda señala que la referida norma afecta los artículos 10º, 11º y 12º sobre el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones.
Indica además que afecta al Sistema Nacional de Pensiones, que funciona como un “fondo de reparto solidario” para el pago a los actuales pensionistas con los fondos recaudados por el aporte de los afiliados activos.
Junta de Portavoces pública
Por otro lado, la presidenta del Congreso dijo que en lo personal ha planteado siempre que las sesiones de la Junta de Portavoces deban ser públicas, pero que no hay acuerdo de cómo hacerlo.
Consideró, sin embargo, importante buscar mecanismos para transparentar las sesiones de la Junta de Portavoces y las decisiones que se toman.
Sobre la desaprobación del Congreso en las encuestas, Vásquez sostuvo que es un indicador que se debe leer con absoluta responsabilidad para tomar acciones que reviertan esa situación, pues la población plantea que no siente todavía confianza en el Parlamento.